En un caso que ha generado gran conmoción, dos efectivos de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la Policía Nacional del Perú han sido denunciados ante el Ministerio Público por presuntamente haber realizado un allanamiento ilegal en la vivienda de Wilson Gonzales Moreno, un ciudadano sindicado de estar vinculado con el asesinato del abogado Luis Felipe Morey.
Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que un grupo de sujetos acompaña a los efectivos policiales llegan hasta la vivienda de Gonzales Moreno, aparentemente con la intención de obtener información sobre el caso. Posteriormente, una fiscal, sin identificación, chaleco y sin mostrar una orden judicial, ingresa al domicilio, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de la intervención.
Uno de los momentos más controvertidos del incidente ocurre cuando, según un registro de video, un efectivo policial admite que las personas que lo acompañaban no eran agentes del orden, sino allegados a la familia del extinto abogado que murió en manos de sicarios. Este hecho ha levantado serias sospechas sobre el propósito de la intervención y la posible influencia de intereses particulares en una investigación oficial.
El abogado Guillermo Chanján Ghio, representante legal de Gonzales Moreno, denunció que los efectivos de la Divincri habrían cometido varios delitos, entre ellos allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y secuestro. En sus declaraciones, el letrado afirmó que su defendido fue retenido de manera irregular durante varias horas sin una justificación legal.
Refirió que estos hechos derivan del lamentable asesinato del abogado Luis Felipe Morey en su desesperación de encontrar al responsable. Además, se ha denunciado la práctica de «marcaje y reglaje«, es decir, la vigilancia constante e ilegal de una persona sin una orden judicial.
Chanján Ghio, manifestó su preocupación por el accionar de los agentes involucrados, señaló que la investigación del asesinato de Morey no puede justificar atropellos contra personas que no están vinculadas al crimen. Argumentó que ofrecieron S/. 50 mil soles a su patrocinado para colaborar con la investigación. Finalmente, solicitó a la Fiscalía que se realice una investigación rigurosa sobre estos hechos y que se sancione a los responsables de los presuntos abusos cometidos.
