El ex Presidente, acusado por supuestos delitos de soborno y lavado de activos en el caso Odebrecht, se encuentra en arresto domiciliario en Estados Unidos.
El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) reapareció este viernes 24 de setiembre, durante una sesión virtual vía zoom, para la audiencia de pedido de extradición al Perú.
El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, evaluó desde las 10 a. m. la solicitud, que en un inicio estuvo programada para el jueves, pero luego se aplazó para el día siguiente.
Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos desde julio de 2019. Cumple arresto domiciliario tras ser acusado por presuntos delitos de soborno y lavado de activos en el caso Odebrecht. La condena que le espera al exmandatario es de 20 años y medio de prisión.
Pese a las pruebas en su contra, Toledo defiende su inocencia y afirma que los dos testigos claves del caso lo involucraron falsamente para no ser enjuiciados.
Según el expresidente, las supuestas pruebas de registros bancarios que muestran transferencias de dinero a través de varias cuentas y empresas fantasmas no garantizan que él haya recibido coimas.
Caso Odebrecht
De acuerdo con las investigaciones de los fiscales peruanos, el expresidente Alejandro Toledo hizo arreglos durante su gobierno con la empresa Odebrecht para que esta le destinara un pago por US$ 35 millones a cambio de un contrato que le permitiera construir dos tramos de la Carretera Interoceánica.
Dicho proyecto, valorizado en US$ 2.000 millones, une los océanos Pacífico y Atlántico a través de Perú y Brasil y fue completado en 2012.
Además de Toledo, otros acusados por el caso incluyen al exjefe de seguridad del exmandatario, Avraham Dan on, los empresarios José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone, Hernando Graña Acuña, José Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey.
Estos últimos cumplen una orden de impedimento de salida del país desde julio de este año hasta 2023 por temor a un peligro de fuga y obstaculización.
Aún falta programar una audiencia para que se revise la acusación fiscal contra los implicados. En cuanto a las empresas en consorcio con Odebrecht, como Graña y Montero, JJC y ICCGSA, vienen siendo investigadas para evaluar su implicancia.
