Como resultado del Megaoperativo de Control en San Martín, la Contraloría General observó más de S/ 73 millones de recursos públicos ejecutados por diversas entidades estatales de la región sanmartinense, detectándose un perjuicio económico de S/ 54 millones y la identificación de 340 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en posibles actos de inconducta funcional y corrupción.
Estos hallazgos son parte de las 358 intervenciones ejecutadas por la Entidad Fiscalizadora Superior desde agosto del 2022 con lo que se superó largamente la meta trazada. Estas intervenciones se dividen en servicios de control, servicios relacionados (recopilación de información y atención de denuncias ciudadanas), así como actividades transversales de integridad y prevención (charlas de sensibilización, asistencias técnicas y jornadas de capacitación).
El encargado de exponer los principales resultados del megaoperativo ante las autoridades de San Martín fue el vicecontralor de Control Sectorial y Territorial, Luis Alonso Robas Sánchez, quien mencionó que se efectuó el control a un total de S/ 550 millones de recursos del Estado destinados a inversión pública, bienes y servicios, así como gestión de recursos humanos y otros.
En ese sentido, detalló que se ejecutaron un total de 232 servicios de control en 98 entidades públicas que corresponden a los ámbitos del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local de San Martín. De tales informes, 80 son de control posterior y 152 de control simultáneo.
Como resultado de los servicios de control simultáneo se identificaron un total 479 situaciones adversas, de las cuales 150 (31%) no han sido corregidas y en 242 (51%) no se han adoptado acciones correctivas, mientras que en el 17% (83) se han resuelto o están en proceso de corregirse esos riesgos.
Principales hallazgos:
Como resultado del Megaoperativo de Control en San Martín, la Contraloría General detectó que funcionarios y servidores públicos del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PECHBM) habrían ocasionado un perjuicio a su entidad de más de S/ 4.9 millones por dar conformidad a la adquisición de 64 equipos biomédicos para el Hospital de Tocache que no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el expediente técnico del proyecto, pese a observaciones que hizo el propio comité de recepción y el especialista de la entidad.
Asimismo, una auditoría de cumplimiento detectó que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Soritor, en la provincia de Moyobamba, permitieron la recepción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) sin que entrara en funcionamiento y sin ejecutar su puesta en marcha, ocasionando que esté inoperativa, en abandono, lo que ha generado un perjuicio de S/ 2.6 millones.
Similar situación ocurrió con la construcción del relleno sanitario del distrito de Pucacaca, en la provincia de Picota. Se evidenció que tal obra, valorizada en S/ 5.4 millones, nunca entró en funcionamiento y actualmente se deteriora, por ubicarse cerca de una granja avícola y no tener permiso para hacer una vía de acceso en predios privados. A pesar de ello, el proyecto fue ejecutado y recepcionado.
Por su parte, la obra de mejoramiento del Hospital II-1 de Moyobamba presenta estructuras deficientes que no soportarían un sismo severo. Funcionarios del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) aprobaron el pago al contratista por partidas de este proyecto que ejecutó de forma parcial, nula, o sin cumplir con las especificaciones del expediente técnico. En consecuencia, se generó un perjuicio económico de S/ 5.5 millones, que podría ser mayor (S/19 millones) en caso de derrumbe de la obra.
Durante el Megaoperativo de Control en San Martín, que empezó el 18 de agosto del 2022, participaron un total de 107 auditores y especialistas de la Contraloría General, y se intervino en 98 entidades.
