El abogado de la familia de Roberto Carlos Alvarado Marchena, joven trabajador de la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 22 de marzo en un taller mecánico, aseguró que no se trató de un suicidio, sino de un asesinato. Según su versión, el joven fue ejecutado y sus propios amigos estarían involucrados en el crimen.
Alex Ruiz Ramírez, hombre de leyes que lleva el caso, señaló como autor directo a Roy Patrick Rojas Rengifo, quien actualmente se encuentra no habido. Asimismo, indicó que otras personas también estarían implicadas en el hecho, entre ellas Rodger Rojas Rengifo, Luigi Rojas Shapiama y dos personas más, una de ellas una mujer, cuya identificación está en proceso.
Ruiz Ramírez afirmó que las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio donde ocurrieron los hechos registraron claramente lo sucedido, por lo que pruebas como la absorción atómica y los testimonios pasan a ser secundarias. En ese sentido, sostuvo que el caso está ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar responsabilidades.
Cabe recordar que la noche del sábado 22 de marzo, la tranquilidad del distrito de La Banda de Shilcayo se vio interrumpida por la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Alvarado Marchena. Junto a él se encontró un arma de fuego que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizada en cuatro ocasiones. Sin embargo, el abogado de la familia refutó la hipótesis inicial de suicidio y aseguró que el crimen fue premeditado y con alevosía.
Según Ruiz Ramírez, Roy Patrick Rojas Rengifo fue quien disparó y luego manipuló la escena para hacer creer que se trataba de un suicidio. Además, denunció que hubo irregularidades en el proceso de investigación y omisiones graves por parte de las autoridades. Afirmó que los involucrados debieron ser detenidos por un mínimo de 48 horas o hasta siete días para esclarecer el caso.|
El abogado también cuestionó que el arma utilizada haya sido manipulada sin el debido procedimiento y enfatizó que se trata de un homicidio calificado, delito que contempla una pena de entre 15 y 35 años de prisión. Asimismo, señaló que los implicados incurrieron en encubrimiento real y que la Fiscalía debe solicitar un mandato de prisión preventiva por nueve meses para los presuntos responsables, quienes hasta el momento permanecen prófugos de la justicia.
La familia de Alvarado Marchena exige justicia y espera que el Ministerio Público actúe con firmeza para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de este crimen.
