Una reciente norma aprobada por el Congreso de la República ha encendido las alertas en el ámbito político y legal del país. La Ley N° 32058, promulgada en mayo de 2024, permite que los actuales congresistas postulen a cargos de elección popular en los comicios generales y subnacionales de 2026 sin necesidad de renunciar a sus funciones legislativas.
La medida modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, abriendo la posibilidad de que los legisladores compitan por la Presidencia, Vicepresidencias, el nuevo Congreso Bicameral (Senadores y Diputados), así como gobiernos regionales y municipales, manteniendo sus curules durante la campaña electoral.
Esta disposición ha generado una fuerte reacción entre especialistas en derecho y organizaciones civiles, quienes advierten sobre los riesgos que esta norma representa para la transparencia electoral y el uso de recursos del Estado.
El abogado Jhon Tafur Puerta fue uno de los primeros en cuestionar públicamente la medida. «Los congresistas están legislando en beneficio propio, sin tener en cuenta el principio de equidad en la contienda. Esta norma rompe las reglas del juego democrático y representa un serio riesgo para el manejo del presupuesto público, ya que permite que quienes están en campaña sigan ejerciendo poder político y accediendo a recursos del Estado«, señaló. Finalmente, dijo que estamos en momento donde las normas son vulneradas y hechas a la medida de los interesados.
