Contraloría General de la República informó el pasado fin de semana que detectó el perjuicio de S/ 10 millones de soles en obra del hospital de Tocache.
Son diecinueve exfuncionarios que trabajaron en la gestión de del exgobernador César Villanueva los que tendrían responsabilidad penal y administrativa en este caso.
Los ilícitos fueron detectados por la Contraloría debido a las irregularidades cometidas en las fases de elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra de mejoramiento de los servicios de salud en el hospital tocachino.
Para la elaboración del expediente y la ejecución de la obra, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo suscribió un contrato el pasado 24 de octubre de 2013 por más S/ 93 millones de soles y un plazo de ejecución de 720 días calendario, de los cuales 150 eran para elaborar el expediente técnico de la obra.
Según el informe de auditoría, los funcionarios del proyecto suscribieron adendas sin sustento al contrato del proyecto, lo cual vulneró el sistema de contratación a suma alzada y originó un incremento en el costo de la obra por aspectos exigibles al contratista.
Además, se liberó a este último de la aplicación de penalidades por retraso injustificado que demoró la culminación del expediente.
Los auditores detectaron que el expediente técnico de la obra se aprobó con deficiencias pese a que habían sido advertidas durante su elaboración y no fueron absueltas en su totalidad.
Otra irregularidad ocurrió cuando se suscribieron dos versiones de la adenda n° 4 al contrato en fechas diferentes, y otorgaron períodos distintos para la entrega del cuarto informe del expediente técnico.
Estos hechos propiciaron un mayor pago de más de S/ 5 millones de soles al contratista por ejecutar labores exigibles que estaban dentro de las condiciones originalmente contratadas, así como la inaplicación de penalidades por la demora injustificada en la elaboración del expediente técnico.
La comisión auditora detectó que la entidad también permitió la reducción del equipamiento médico e informático sin contar con un sustento técnico ni legal; y se modificaron las condiciones técnicas de adquisición de equipos.
Esto permitió su recepción con una fecha de fabricación mayor a lo previsto en el expediente técnico aprobado: situación que afectó la vigencia tecnológica de los equipos, el vencimiento de registros sanitarios y la calidad del servicio ofertado.
La consecuencia fue un perjuicio económico adicional en contra del Estado y la afectación de la calidad del servicio ofertado como establecimiento de salud estratégico.
La Contraloría recomendó que los resultados de la auditoría sean puestos en conocimiento de la procuraduría pública, encargada de los asuntos judiciales de dicha institución, para que inicie las acciones legales contra las personas responsables.